Hundiéndose.
La propuesta de seguridad del Dr. Larrañaga puede ser discutible. Hay definiciones, por ejemplo, que deberían ser materia de ley y no de Constitución. Lo que, sin embargo, no debería ser materia de debate es la sana intención de responder a un reclamo nacional y la naturaleza democrática del procedimiento.
No hay encuesta de opinión que no ubique el tema seguridad en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas. La campaña “Vivir sin miedo” es una respuesta a una situación crítica, con una intención comprensible y loable.
En un extraño extravío, el oficialismo se lanza desmelenadamente contra esa idea, intentando crear un clima de polarización. En una palabra, hace lo que pretende cuestionar. Le dice al Dr. Larrañaga que él divide a la sociedad porque siembra miedo, como si la gente viviera en el Uruguay tradicional. Y ellos, a su vez, cuestionan al Senador del modo más deleznable, afirmando que “siembra odio”, estimula “la barbarie” y hasta atribuyéndole responsabilidad en el asesinato de un joven grafitero. Esta última bajeza fue cuestionada por el propio Dr. Miranda, pero no pasó de una declaración en el aire, cuando no fue solo el Senador Marcos Otheguy sino hasta el Ec. Mario Bergara, normalmente de talante moderado, y la Dra. Mónica Xavier, los que hicieron esa indigna atribución.
El Diputado Gonzalo Civila, secretario político del Partido Socialista, revela hasta qué punto su colectividad anda errando en el tema. Dice Civila: “Tenemos una idea, una visión muy distinta de cómo construir una sociedad sin violencia y con niveles de seguridad muchos mejores a los que tenemos. Estamos realmente muy convencidos de que la perspectiva que el primer gobierno del Frente Amplio intentó de realizar, se debe profundizar”. Para empezar, habla como si no estuvieran en el gobierno hace 14 años, como si la actual situación fuera la resultancia de otra administración y otros gobernantes. Y para seguir, culmina con la afirmación de que hay que profundizar lo que el Frente Amplio intentó en su primer gobierno.
¿Qué quiere decir? Que la política de Bonomi no es la suya y que en cambio sí lo es la visión bucólica del Ministro José Díaz, que mediante la ley que lleva su nombre (setiembre de 2005) liberó 700 presos de un saque y generó un bumerán que revirtió con dureza sobre el propio gobierno, generando en el mundo delictivo una sensación de impunidad. El 40% de los liberados reincidió. Se ha probado, en investigaciones académicas, que se produjo, casi de inmediato, un aumento de rapiñas. Era la época de que la sociedad era “la responsable” y el delincuente apenas un paciente al que había que atender. Por supuesto, la palabra “represión” estaba borrada del diccionario. Los resultados quedaron a la vista. Fue un desastre y allí vino entonces Daisy Tourné, que no terminó de muy buena manera a raíz de unas declaraciones infortunadas y una gestión también muy mala, con actitudes ridículas como cuando hizo revista de la tropa policial a caballo. Los dos ministros socialistas fueron sustituidos por otro correligionario, el Dr. Jorge Bruni, quien completó el período.
Queda claro entonces que el desvío hacia una política de desmadre en la materia fue todo responsabilidad del Partido Socialista. El mismo que ahora sueña con el retorno a aquellos tiempos, en la idea de que la ciudadanía reviviría el debate por el “No a la Baja”, que es de muy distinta naturaleza y momento.
Luego, en el gobierno de Mujica, se relanzó la política de la indulgencia, con las famosas 15 medidas de junio de 2012. Ellas incluían la legalización de la marihuana como medida de enfrentamiento a la seguridad. Según su propuesta, esta medida desarmaría al narcotráfico al quitarle su clientela. No hace falta decir que el mercado de marihuana creció, que según la Junta Nacional de Drogas bajó la percepción general del riesgo de las drogas y que aparecieron, ostensiblemente, bandas criminales, que incluso chocaban entre ellas.
El Ministerio de Bonomi es lo actual. Ha ido y venido, siempre buscando algún responsable para los malos resultados y el fracaso de los pronósticos que cada tanto se renuevan con tenacidad. Todavía sigue colgado a la promesa de rebajar un 30% las rapiñas pero ahora encontró un nuevo chivo expiatorio: el nuevo Código de Procedimiento Penal. Todo estaría allí... “El efecto noviembre”, dijo, como si los delincuentes estuvieran esperando su sanción para salir a robar. Es tan falso el argumento como que ya, desde el 2014 al 2016 se habían superado las 20 mil rapiñas y los 260 homicidios en el año.
Nada hay peor que la negación de un problema. No se puede pensar en mejorías cuando se vive en ese mundo de fantasía que describimos. Estamos en serios problemas y lo que se propone es aún peor.
CORREO DE LOS VIERNES. 1/3/2019.
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